Estado no emplea a discapacitados pese a un mandato legal.


Vacantes. Sobre 3.972, solo ingresaron 16

DANIEL ISGLEAS
En la Administración pública y organismos de derecho público no estatal hubo 3.972 vacantes en 2010. Aplicar la ley vigente hubiera significado incorporar a 159 discapacitados, pero solo ingresaron 16, es decir el 0,4% del total de vacantes.
La información oficial de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) presentada ante el Parlamento indica que el Estado no está cumpliendo con la ley 18.651 que establece la protección integral de personas con discapacidad.
Esta ley señala que los organismos de la administración pública (gobierno central, entes, intendencias y juntas departamentales, así como las personas jurídicas de Derecho Público no estatales) "están obligados a ocupar a personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes o del crédito generado, según resulte más conveniente para el mayor ingreso de personas con discapacidad".

De estas cifras surge que si la administración estatal hubiese cumplido con la ley, otros 143 discapacitados tendrían hoy su empleo.
El problema fue puesto en el centro de la atención ayer por la diputada nacionalista Verónica Alonso, quien manifestó a El País su hondo malestar por el incumplimiento de la ley.
"La preocupación se acentúa cuando sabemos que el gobierno incorporó y generó más de 11.000 vínculos laborales con el Estado en este último año, mientras no se cumple con una ley", declaró Alonso.
"Nosotros vamos a insistir para que este ingreso de personas con discapacidad al mercado laboral se cumpla", añadió. "El gobierno habla mucho de los derechos humanos, pero no alcanza solo con decirlo, hay que actuar en consecuencia. Y esto es respetar los derechos, intentando neutralizar las desventajas que la discapacidad les provoca", dijo.
Alonso fue más allá cuando pidió que "frente a estos incumplimientos u omisiones se sancione a las autoridades de los organismos de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 inciso B de la ley 18.651".
POR INCISO. Según los datos que la ONSC envió al Parlamento, si distribuimos por grupo de Incisos los ingresos de las 16 personas con discapacidad (10 mujeres y 6 hombres), en el Poder Legislativo se produjo en 2010 un total de 36 vacantes, las que no se llenaron ni con discapacitados ni con personas sin discapacidad.
En el Poder Ejecutivo hubo 545 vacantes el año pasado, y se llenaron 170, solo 3 de los cuales son discapacitados.
En los organismos del ar- tículo 220 de la Constitución (ANEP, Udelar, INAU, Poder Judicial, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Tribunal de lo Contencioso), hubo 675 vacantes, de las cuales 573 fueron provistas pero ningún discapacitado consiguió empleo.
En los organismos del Art. 221 de la Constitución (entes como ASSE, BPS, Ancap, UTE, AFE, Pluna, Antel, OSE, etc) se produjeron 1.171 vacantes; los organismos proveyeron 822 de las cuales solo dos son ocupadas por discapacitados.
En los gobiernos departamentales (Intendencias y Juntas) en 2010 hubo 1.362 vacantes, siendo provistas 1.601, y con 11 lugares para personas discapacitadas.
En el caso de las personas de Derecho Público no estatal, las 183 vacantes generadas el último año se llenaron sin ningún discapacitado.
La Intendencia de Colonia contrató como pasantes a 13 discapacitados y OSE extendió un contrato como eventual a una persona en esta condición, pero esa categoría laboral no está prevista en la ley 18.651.
 Fuente: El País Digital

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